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Condena a la compañía a la inmediata readmisión del empleado en las mismas condiciones laborales que tenía. Además, deberá abonarle los salarios dejados de percibir desde entonces y hasta su efectiva reincorporación al puesto de trabajo, así como una indemnización por daño moral de 6.251 euros. El alto órgano judicial gallego entiende que en este caso se produjo un despido por “discriminación refleja”, ya que “se vulneró el derecho del recurrente a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo (embarazo), dado que le sería proyectable –indirectamente- la protección otorgada por el artículo 55.5 del estatuto de los trabajadores”.

Pero el Ministerio de Asuntos Económicos trabaja ya para tener un marco definido a partir de 2022, y la fórmula será trasponer la directiva europea de reestructuraciones. Las empresas contarán con un plazo máximo de 12 meses de preconcurso, frente a los cuatro actuales, y habrá más facilidad para forzar que los acreedores acepten los pactos de reestructuración. Se podrán, incluso, imponer quitas del 100%. La directiva está plagada de novedades que contribuirán a paliar la destrucción del tejido empresarial.

La Seguridad Social solo reconoce el 10% de los contagios por covid-19 como accidente de trabajo entre sanitarios y ninguno como enfermedad profesional, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Por eso, el sindicato va a iniciar una campaña para promover el reconocimiento del contagio por covid-19. El sindicato ha recordado que este no reconocimiento "genera una desprotección y pérdida económica: se dejan de percibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde la indemnización por secuelas".

Uno de los temas centrales en este proceso de transformación de nuestro modelo laboral es el relativo a la ordenación de la subcontratación. Aunque no se haya avanzado mucho en esta materia, hay sobre la mesa propuestas de cambio que pueden tener un gran impacto. Se acaba de aprobar en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley relativa a igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados. A esta proposición se le presentaron tres enmiendas. os cambios propuestos son igualmente trascendentes y nos indican por donde pueden ir las reformas en este campo: por un lado, se quiere imponer que la subcontratación y los cambios de contratista no puedan extinguir los contratos de trabajo, imponiendo por mandato legal la subrogación que hoy prevén algunos convenios colectivos y exigen muchos concursos públicos. También se prevé, aunque parece haber un error en la redacción, que la subcontratación no pueda justificar la contratación temporal de los trabajadores.